Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La intimidación a las comunidades por parte de grupos armados es otro factor que obstaculiza las investigaciones. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con presidente de Junta de Acción Comunal, 2 de junio de 2020; entrevista de Human Rights Watch con líder comunitario, Tumaco, 17 de diciembre de 2020; entrevista de Human Rights Watch con defensora de derechos humanos, Tumaco, 17 de diciembre de 2020; entrevista de Human Rights Watch con presidente de Junta de Acción Comunal, Tumaco, 17 de diciembre de 2020. En 2020, el presupuesto de la unidad aumentó a COP 939.365.926.632 (cerca de USD 274 millones), pero esta gastó al menos COP 1.094.449.822.495 (cerca de USD 320 millones), Aunque los esquemas de protección contribuyen a proteger a defensores en riesgo, la gran mayoría de los defensores de derechos humanos que han sido asesinados desde 2016 no contaban con estos esquemas. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Boletín de investigación mercado laboral”, enero de 2020, https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_rueda_prensa_ene_20.pdf (consultado el 9 de enero de 2021). La Fiscalía indicó que, en al menos tres casos, grupos armados asesinaron a defensores de derechos humanos tras acusarlos de colaborar con el Ejército[166]. La UNP tiene dificultades para implementar medidas de protección colectivas o incluso evaluar si estas han sido puestas en práctica, ya que para muchas se requiere la intervención de otras agencias o ministerios, según indicaron exfuncionarios de la unidad a Human Rights Watch[305]. Información proporcionada por correo electrónico a Human Rights Watch por la Procuraduría General de la Nación, 4 de marzo de 2020 (copia en los registros de Human Rights Watch). A su vez, el sistema de justicia indígena ha logrado que se dicten condenas en otros seis casos[443]. [357] Información proporcionada a Human Rights Watch por el Ministerio del Interior mediante correo electrónico, 13 de marzo de 2020. [115] Ver Fundación Ideas para la Paz, “Así se ha comportado el delito durante la cuarentena en Colombia”, sin fecha, http://www.ideaspaz.org/media/website/homicidio_infografia_Final.pdf (consultado el 17 de diciembre de 2020). Julio - septiembre 2020”, noviembre de 2020, https://drive.google.com/file/d/10mIBUmA8mJiST4vetJExo948MJIXkUmP/view (consultado el 19 de diciembre de 2020). Entrevista telefónica de Human Rights Watch con investigador del conflicto armado, 4 de junio de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 14 de julio de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario judicial, 24 de julio de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de la Defensoría del Pueblo, 6 de agosto de 2020; Juan Pappier y Kyle Johnson, “. Human Rights Watch no pudo determinar si esta única imputación había ocurrido en un caso de un asesinato de defensor de derechos humanos. Un problema clave es el número limitado de jueces y personal judicial en las zonas donde se producen los asesinatos de defensores de derechos humanos. La Fiscalía indicó que las cifras incluyen las siguientes categorías: “defensor de derechos humanos, activista de derechos humanos, líder organización campesina, líder organización comunitaria, líder organización social, líderes de tierras, victimas defensores de DDHH, líder organización indígena o líderes del programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito”. Se encontró adentroEn septiembre de 2012 fui invitado junto a otros once activistas de ... Pasó de ser activista de derechos humanos de la diversidad sexual a ser diputado. 2. Según este exfuncionario, la UNP “articula con las entidades a cargo, pero es muy difícil que se logre una respuesta, porque esas entidades también ya tienen sus planes y presupuestos, así, las medidas se quedan en promesas a las comunidades”, Desde 2019, la UNP ha llevado a cabo un proceso de “reingeniería” con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), . Decreto 154 de 2017, promulgado el 3 de febrero de 2017, http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20154%20DEL%2003%20FEBRERO%20DE%202017.pdf (consultado el 14 de agosto de 2020), art. El principal objetivo de la comisión, que se creó en virtud del acuerdo de paz con las FARC, es el diseño y el seguimiento de la implementación de una política para desmantelar a los grupos criminales que atacan a defensores de derechos humanos[360]. Asimismo, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional tiene importantes deficiencias de financiamiento y falta de personal, y carece de la jerarquía necesaria dentro de la Policía Nacional. [326] Decreto 2124 de 2017, promulgado el 18 de diciembre de 2017, http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202124%20DEL%2018%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf (consultado el 13 de enero de 2021), arts. El objetivo de la unidad es impulsar las investigaciones realizando un análisis en contexto de los asesinatos de defensores de derechos humanos, así como de otros abusos, para llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre los grupos armados, incluidas sus finanzas, . Establecer la categoría de “defensor de derechos humanos” en el sistema de información estadística de la rama judicial para que la información relacionada con dichos casos sea de dominio público y se encuentre desglosada por origen étnico, género, raza, edad y otros factores demográficos. [298] El 12 de febrero de 2020, Human Rights Watch envió una carta al Ministerio del Interior pidiendo una evaluación de las medidas de protección colectiva que se implementaron en 2019. A partir de la sentencia, el Ministerio del Interior ha convocado a nueve mesas regionales en distintas partes de Colombia, así como a una Mesa Nacional de Garantías, que tuvo lugar el 8 de julio[352]. [392] Información proporcionada a Human Rights Watch por el Ministerio del Interior mediante correo electrónico, 21 de junio de 2019 (copia en los registros de Human Rights Watch); Ministerio del Interior, “Respuesta a Control Político”, 18 de noviembre de 2020, http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/legislatura-2020-2021/debates-de-control-politico/garantias-de-seguridad-pactadas-con-firmantes-de-paz/2131-0f12020-41122-mininterior/file (consultado el 11 de diciembre de 2020). [222] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 13 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario local de derechos humanos, 13 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de derechos humanos, 13 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario judicial, 16 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con investigador del conflicto armado, 4 de junio de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 26 de junio de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con investigador del CTI, 21 de agosto de 2020. 107; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “Forensis 2018”, junio de 2019, https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779-e7b5e3962d60 (consultado el 16 de septiembre de 2020), pág. 1. La comisión tiene la responsabilidad de diseñar estrategias para identificar las “fuentes de financiamiento” de los grupos criminales, así como “patrones de actividad criminal”[361]. [266] Información proporcionada a Human Rights Watch por la Unidad Nacional de Protección mediante correo electrónico, 15 de diciembre de 2020 (copia en los registros de Human Rights Watch), fecha de corte: 30 de noviembre de 2020. Respecto de los cultivos de coca, ver Gobierno de Colombia y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018”, 8 agosto de 2019, https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Agosto/Informe_de_Monitoreo_de_Territorios_Afectador_por_Cultivos_Ilicitos_en_Colombia_2018_.pdf (consultado el 7 abril de 2020); Gobierno de Colombia y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019”, julio de 2020, https://www.unodc.org/documents/colombia/2020/Julio/Informe_Monitoreo_de_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_2019.pdf (consultado el 29 de julio de 2020); entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionaria judicial, 10 de noviembre de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 10 de noviembre de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con investigadora judicial, 23 de noviembre de 2020. Asimismo, algunos informes creíbles indican que guerrilleros de la Segunda Marquetalia han llegado recientemente a algunas zonas occidentales de Norte del Cauca[69]. Información proporcionada a Human Rights Watch por la Fiscalía General de la Nación mediante correo electrónico, 4 de mayo de 2020 (copia en los registros de Human Rights Watch). Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario internacional de derechos humanos, 19 de junio de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario sénior de derechos humanos, 7 de septiembre de 2020. de la ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 29 de marzo de 2004, párr. Noticias sobre Justicia: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo sobre Justicia Ninguno de los subcomités del Proceso Nacional de Garantías se reunió durante 2019[346]. Se encontró adentro – Página 60En 1987 , la opinión pública colombiana fue sacudida por la circulación de largas listas de conocidas personalidades seleccionadas para ser asesinadas . El Ministerio de Defensa considera que el ELN, el EPL, las AGC, Caparros y aparentemente todas las disidencias de las FARC son grupos armados organizados. [228] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario local de derechos humanos, 13 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 13 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con investigador del CTI, 13 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de derechos humanos, 13 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario judicial, 16 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con investigador del conflicto armado, 4 de junio de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 26 de junio de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con investigador del CTI, 21 de agosto de 2020. [181] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario internacional de derechos humanos, 26 de noviembre de 2020. . Hasta mayo de 2019, las autoridades colombianas consideraban que había 307 de estos grupos en el país. La revisión y edición del informe la realizaron José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas; Margaret Knox, editora/investigadora sénior; Amanda Klasing, codirectora interina de la División de Derechos de la Mujer; Ximena Casas, investigadora de la División de Derechos de la Mujer; Daniel Wilkinson, director interino de la División de Medioambiente y Derechos Humanos; y Michael García Bochenek, asesor legal sénior de la División de Derechos del Niño. Presidencia de República, “MinJusticia anuncia creación de 19 jueces especializados para el juzgamiento de delitos contra la vida y la integridad de líderes sociales”, 12 de agosto de 2019, https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190812-MinJusticia-creacion-19-jueces-especializados-juzgamiento-delitos-contra-vida-integridad-lideres-sociales.aspx (consultado el 11 de septiembre de 2020). La Defensoría del Pueblo envió una serie de recomendaciones a entidades, instituciones y autoridades del orden nacional y territorial, para que se avance con prontitud en la preparación del retorno gradual y bioseguro de los estudiantes a las aulas, sobre todo teniendo en cuenta que el cierre de colegios completa … En estos documentos, la institución identificó riesgos para defensores de derechos humanos en 549 de los 1.122 municipios del país. En abril de 2019, la Fiscalía anunció que había capturado a dos miembros de Contadores en relación con el asesinato[174]. 1. Prestar mayor apoyo a los fiscales que investigan asesinatos de defensores de derechos humanos, entre otras cosas, aumentando la cantidad de tiempo que los helicópteros militares destinan a transportar a fiscales hasta lugares de difícil acceso por razones de seguridad. Familiares y conocidos de Barrera Díaz dijeron a las autoridades judiciales que miembros de la disidencia de las FARC que opera en la zona le habían pedido que les enviara niños indígenas para reclutarlos y que lo habían amenazado cuando él se había negado[246]. Su hermana sobrevivió. En algunos pocos casos, fueron asesinados defensores de derechos humanos que estaban esperando que la unidad les otorgara esquemas de protección o que los implementara, En julio de 2018, el líder comunitario de Tumaco, La UNP también implementa medidas de protección colectiva, tales como vehículos y teléfonos celulares para los miembros de la guardia indígena, . (n.º 16), p. 52, Doc. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario judicial, 6 de abril de 2020. Líderes comunitarios y funcionarios locales de derechos humanos señalaron que muchas de las amenazas se relacionan con el apoyo de los líderes comunitarios a los planes de sustitución de cultivos de coca, o con su oposición a la presencia de grupos armados en sus territorios, En enero de 2021, la Fiscalía indicó a Human Rights Watch que desde 2016 había iniciado 61 investigaciones sobre amenazas a defensores de derechos humanos y otros líderes ocurridas en Tumaco desde 2016, . La muerte no es un enemigo, señores. Es un experto en discapacidad e inclusión social con más de 8 años de experiencia como activista, investigador y funcionario público. [520] Jurisdicción Especial para la Paz, Auto AI-008-2020, Radicado n.º 202003005124, decisión del 29 de julio de 2020 (copia en los registros de Human Rights Watch). Se encontraban en juicio al momento de preparación de este informe[175]. [1] Gobierno de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, 24 de noviembre de 2016, https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf (consultado el 10 de septiembre de 2020), capítulos 1, 3 y 4. Se trata de un “diálogo” liderado por el Ministerio del Interior entre organizaciones de derechos humanos y el gobierno, y acompañado por organismos internacionales humanitarios y de derechos humanos, que tiene como propósito “construir confianza” entre las partes y consensuar medidas para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos. [6] Asamblea General de la ONU, “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, Doc. Muchos grupos armados ocuparon el vacío que dejaron las FARC y ahora se enfrentan por el control del territorio y las actividades ilegales, . [89] Jurisdicción Especial Indígena, caso n.º 195486000629201800063, sentencia del 8 de marzo de 2018 (copia en los registros de Human Rights Watch); Fiscalía General de la Nación, “Ocho capturados por homicidio de comunero indígena en el Cauca”, 6 de marzo de 2018, https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/ocho-capturados-por-homicidio-de-comunero-indigena-en-el-cauca/(consultado el 7 de abril de 2020); entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario judicial, 24 de julio de 2020. Las personas migrantes y refugiadas luchan contra la lluvia otoñal y el frío mientras los líderes de la UE debaten en Bruselas cómo afrontar la crisis. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con exfuncionaria de la Unidad Nacional de Protección, 11 de agosto de 2020. En estas cinco zonas, el gobierno se ha propuesto identificar las zonas más peligrosas en las que se priorizaría la presencia de fuerzas militares y policiales. Asimismo, en diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo anunció que, como parte de su nuevo plan “Estamos contigo”, trabajará para mejorar el acceso a la justicia para los defensores de derechos humanos. El gobierno designó cinco zonas —incluido Pacífico Sur, Bajo Cauca, Bajo y Alto Caguán, Piedemonte de Arauca y partes de Catatumbo— en donde tiene previsto priorizar el envío de militares y policías para “enfrenta[r] y desarticula[r] las redes criminales”, como primer paso para fortalecer a las instituciones civiles, . Cinco defensores de derechos humanos asesinados en Catatumbo desde 2016 parecen haber sido atacados porque un grupo armado los acusó de mantener vínculos con una parte contraria del conflicto, según señalaron a Human Rights Watch un fiscal, un investigador y un funcionario local de derechos humanos[127]. 287 y 336. 170. Las autoridades colombianas definen los “grupos delictivos organizados” (o de “tipo B”) como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo [contra la Delincuencia Organizada Transnacional], con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Con respecto a los requisitos de la UNP para conceder medidas de protección colectiva, ver Unidad Nacional de Protección, “Formulario de Solicitud de Protección Colectiva”, sin fecha, https://www.unp.gov.co/atencion-al-ciudadano/formularios-de-solicitud-de-proteccion/formulario-de-solicitud-de-proteccion-colectiva/ (consultado el 11 de septiembre de 2020). Entrevista telefónica de Human Rights con funcionario judicial, 25 de agosto de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de derechos humanos, 26 de agosto de 2020. Invitó a los cubanos a ser lo mismo en cualquier país donde se encuentren Frederman Quintero Ramírez, un líder comunitario de 32 años, fue asesinado en El Tarra el 30 de julio de 2018. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con alto funcionario policial, 2 de septiembre de 2020. A partir de la sentencia, el Ministerio del Interior ha convocado a nueve mesas regionales en distintas partes de Colombia, así como a una Mesa Nacional de Garantías, que tuvo lugar el 8 de julio, . El programa, cuya creación se había previsto en el acuerdo de paz con las FARC, procura establecer medidas “integrales” para proteger a comunidades y organizaciones en riesgo, así como incrementar la denuncia de abusos perpetrados por grupos armados a través de, entre otros, la implementación de planes de prevención y autoprotección y el establecimiento de promotores de paz y convivencia[389]. Todo eso influye en los tiempos de la investigación”[527]. Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de derechos humanos, 27 de octubre de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con defensor de derechos humanos, 11 de diciembre de 2020. En octubre de 2019, el Presidente Duque dijo que movilizaría otros 2.500 soldados, como parte de una “fuerza de despliegue rápido”[72]. Informaron que muchos casos no figuran en los registros de la Fiscalía, Las guerrillas de las FARC controlaron históricamente grandes extensiones de esta subregión. ej., Consejo de Derechos Humanos, “Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, Doc. 129; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “Forensis 2017”, mayo de 2018, https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/262076/Forensis+2017+Interactivo.pdf/0a09fedb-f5e8-11f8-71ed-2d3b475e9b82 (consultado el 16 de septiembre de 2020), pág. Ver, p. La Defensoría del Pueblo ha registrado 2.829 amenazas contra defensores de derechos humanos ocurridas entre enero de 2016 y junio de 2020, incluidas 859 contra defensoras de derechos humanos, . Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “Forensis 2016”, junio de 2017, https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49526/Forensis+2016.+Datos+para+la+vida.pdf (consultado el 16 de septiembre de 2020), pág. Alrededor de las 9 p.m., dos hombres llegaron a su casa y le efectuaron 12 disparos, que le provocaron la muerte e hirieron a su esposa y a su hermana[171]. “Los vaivenes de la violencia en el Bajo Cauca antioqueño”. ej., Defensoría del Pueblo, “Alerta Temprana n.º 011-2020”, 13 de marzo de 2020 (copia en los registros de Human Rights Watch); Defensoría del Pueblo, “Alerta Temprana n.º 034-16”, 3 de octubre de 2019 (copia en los registros de Human Rights Watch); Defensoría del Pueblo, “Alerta Temprana n.º 045-19”, 31 de octubre de 2019 (copia en los registros de Human Rights Watch); entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de la Defensoría del Pueblo, 13 de junio de 2020; Fundación Ideas para la Paz, “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición: radiografía necesaria”, julio de 2017, http://ideaspaz.org/media/website/FIP_crimenorganizado.pdf (consultado el 11 de enero de 2021), págs. de la ONU A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. [127] Entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario local de derechos humanos, 8 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionaria de derechos humanos, 8 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con investigador del CTI, 8 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 9 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 4 de agosto de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 10 de noviembre de 2020. [297] Fiscalía General de la Nación, “Esclarecido crimen de líder de sustitución de cultivos ilícitos en Tumaco”, 15 de abril de 2019, https://www.fiscalia.gov.co/colombia/crimen-organizado/esclarecido-crimen-de-lider-de-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-en-tumaco/ (consultado el 10 de agosto de 2020); entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 28 de julio de 2020. La UNP otorgó e implementó aproximadamente 1.600 medidas de ese tipo, pero no resulta claro cuántas personas se beneficiaron de ellas[267]. [192] “Los vaivenes de la violencia en el Bajo Cauca antioqueño”, El Espectador, 10 de enero de 2020, https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/los-vaivenes-de-la-violencia-en-el-bajo-cauca-antioqueno-articulo-899192 (consultado el 10 de abril de 2020); Defensoría del Pueblo, “Informe de Riesgo n.º 007-16”, 8 de marzo de 2016 (copia en los registros de Human Rights Watch); Defensoría del Pueblo, “Alerta Temprana n.º 009-18”, 22 de enero de 2018 (copia en los registros de Human Rights Watch); Defensoría del Pueblo, “Alerta Temprana n.º 028-18”, 5 de marzo de 2018 (copia en los registros de Human Rights Watch); Defensoría del Pueblo, “Alerta Temprana n.º 031-18”, 4 de abril de 2018 (copia en los registros de Human Rights Watch); Defensoría del Pueblo, “Alerta Temprana n.º 003-19”, 9 de enero de 2019 (copia en los registros de Human Rights Watch); Defensoría del Pueblo, “Alerta Temprana n.º 020-19”, 17 de abril de 2019 (copia en los registros de Human Rights Watch); entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 11 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con investigadora judicial, 11 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de derechos humanos, 11 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario de la Defensoría del Pueblo, 11 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionaria local de derechos humanos, 11 de abril de 2020; entrevista telefónica de Human Rights Watch con fiscal de alto rango, 28 de julio de 2020. En enero de 2021, la Fiscalía indicó a Human Rights Watch que contaba con 212 investigaciones abiertas sobre amenazas a defensores de derechos humanos y otros líderes cometidas en Caquetá desde 2016, incluidas 37 ocurridas en Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán[238]. Decreto 2124 de 2017, promulgado el 18 de diciembre de 2017, http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202124%20DEL%2018%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf (consultado el 13 de enero de 2021), arts. 129; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “Forensis 2017”, mayo de 2018, https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/262076/Forensis+2017+Interactivo.pdf/0a09fedb-f5e8-11f8-71ed-2d3b475e9b82 (consultado el 16 de septiembre de 2020), pág. [500] Información proporcionada a Human Rights Watch por el Consejo Superior de la Judicatura mediante correo electrónico, 21 de diciembre de 2020 (copia en los registros de Human Rights Watch). El gobierno de Duque ha enviado soldados a la zona en repetidas oportunidades. [215] Información proporcionada a Human Rights Watch por la Fiscalía General de la Nación mediante correo electrónico, 23 de enero de 2021 (copia en los registros de Human Rights Watch), fecha de corte: 31 de diciembre de 2020. [116] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “Información preliminar de lesiones fatales de causa externa en Colombia. Un caso que tuvo lugar en 2017 se archivó porque los fiscales no pudieron identificar al responsable, . No indicó a cuántas alcaldías había prestado apoyo. “Hay que pedir el apoyo a Medicina Legal, pero a veces pasan meses sin que tengamos respuesta. 175; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Castillo Páez vs. Perú, sentencia del 3 de noviembre de 1997, Corte I.D.H., Serie C. n.º 34, párr. Desde 2016, la UNP ha incrementado de manera significativa la cantidad de esquemas de protección individuales que se otorgan a personas que este organismo considera defensores de derechos humanos, . ¿Cómo se explica el rol de las organizaciones de derechos humanos que reclaman la liberación de Jeanine Áñez y de los militares que participaron de las... 12.09.2021, Sputnik Mundo Jurisdicción Especial Indígena, caso n.º 195486000629201800063, sentencia del 8 de marzo de 2018 (copia en los registros de Human Rights Watch); Fiscalía General de la Nación, “Ocho capturados por homicidio de comunero indígena en el Cauca”, 6 de marzo de 2018, https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/ocho-capturados-por-homicidio-de-comunero-indigena-en-el-cauca/(consultado el 7 de abril de 2020); entrevista telefónica de Human Rights Watch con funcionario judicial, 24 de julio de 2020.
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